Orientaciones Finales para el MINIONU

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        ¡Hola señores delegados! ¡Estamos muy cerca de los días de debate y necesitamos de hablar del Documento de Posición Oficial! El DPO es un documento redactado por el embajador de un país, o representante de una organización, en el cual se presenta el posicionamiento que el país u organización que él representa ante un determinado tema, que en el caso de nuestro comité es la operación Cóndor.

        En el documento debe contener lo que defiende, lo que él discrepa, quién apoya, cuáles sus prerrogativas, lo que su país espera, como su país se inserta en el el comité, entre otras informaciones relevantes.

 

¿Pero para qué sirve?

 

        El DPO sirve para orientar a todos los delegados presentes en un comité. Ellos se quedarán disponibles durante todo el tiempo de debate para que todos los demás delegados en el caso de que quieran entender, conocer o recordar el posicionamiento de alguna otra delegación. Sirve para que ustedes sepan quién tiene el mismo posicionamiento que la su delegación para, quizás, formar alianzas dentro del comité, o para descubrir que defiende posiciones contrarias a la suya, o aún, quien está huyendo de su política externo.

 

¡Ah sí! Pero, ¿y ahora? ¿Cómo puedo producir mi DPO?

        ¡Cálmate! Puede parecer complicado, pero es muy simple, de hecho. El primer paso es leer atentamente la Guía de Estudios del comité, para quedar por dentro del tema que iremos discutir. Los posts del blog y los dossiers también son excelentes bases para la producción su documento. ¿Entendió todo sobre el tema y sobre la política adoptada por su país en relación a él? ¡Manos a la obra!

        El DPO debe contener sólo una página, en la fuente Times New Román, o Arial, tamaño 12. El encabezado deberá contener su nombre, escuela, delegación, comité, el escudo de armas de su país y la bandera, o el logotipo, en el caso de Organismos Internacionales, en los cantos del encabezado.

        Empiece con una breve introducción sobre su país, y después explique detalladamente cuál es la posición de su país sobre la Operación Cóndor. ¿Su país defiende la Operación? ¿Apoya dictaduras? ¿Defiende los derechos humanos?  ¿Qué piensa de la ley de amnistía? ¿Qué piensa de la actual punición de torturadores? ¿Cuáles son las medidas que su país sugiere para fortalecer las democracias y proteger las víctimas?

¡Responde a estas y otras preguntas!

Sigue abajo un ejemplo de modelo de DPO:

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Trajes para el evento:

        Tradicionalmente, se usan trajes formales para la solemnidad de apertura, así como para los días de debate, admitiendo variaciones adecuadas a la delegación representada, como trajes típicos, desde que se usan con respeto y de que se tenga en cuenta la noción de apropiación cultural. La apropiación cultural es, en líneas generales, la adopción de elementos específicos de determinada cultura por un grupo cultural diferente y, muchas veces, mayoritario o dominante. Es necesario el respeto con el origen cultural y con la representación de símbolos culturales para que, cuando sean transportados a otra cultura, éstos no se configuren de forma negativa y no representativa, llevando a una disminución del significado de lucha que tantas veces esos elementos representan

        Además, la vestimenta formal no es obligatoria y es libre de estereotipos de género, respetando también la condición social y el bienestar de cada uno. En este sentido, hay el decoro del ambiente diplomático, pero no hay una obligación del uso de este tipo de ropa, puede variar de acuerdo con lo que prefiere cada delegación, en términos de su posición, preferencia personal y condición de diversas órdenes.

        Abajo sigue un link del Guía de Comportamiento del Minionu que ya se encuentra en nuestro blog y página del Facebook:

https://minionupucmg.files.wordpress.com/2018/09/guia-de-comportamento-minionu-2018.pdf

 

Por fin señores delegados, me gustaría decir que estamos en disposición de ustedes para todo! El Minionu es un espacio de construcción de ciudadanía, de simulación de un ambiente diplomático sobre temáticas internacionales que siguen cambiando el mundo hasta los días de loy. Es un ambiente de diálogo, desarrollo personal y aprendizaje. Aprovechen estos días para proponer ideas, soluciones, puntos de vista, para poner en práctica su manera de cambiar el mundo, pues este es nuestro objetivo!

Un fuerte abrazo del equipo de CDH 2019, nos vemos pronto para desarrollar el mundo juntos.

Saludos cordiales.

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El caso emblemático del gobierno Pinochet y la dictadura chilena

El caso emblemático del gobierno Pinochet y la dictadura chilena

En 1973, Chile vivió uno de los momentos más importantes de su historia contemporánea: el golpe militar. La dictadura militar impidió la continuación de la democracia en vista de la imposición de un liberalismo conservador en el país y trajo muchas implicaciones sociales, económicas y políticas que persisten actualmente. Augusto Pinochet fue el jefe de Estado de Chile durante el gobierno militar.

De acuerdo con Marcela Cornejo et al. (2013, p.50),

Se suceden 17 años de dictadura militar (1973-1990), en la que se realizan reformas económicas y sociales orientadas hacia un modelo neoliberal y se dicta una nueva Constitución (1980) que perpetúa el orden político-social impuesto.

No obstante, el gran problema del gobierno Pinochet fue la violación sistemática y deliberada a los derechos humanos. Por tratarse de un Estado autocrático dictatorial, “se ejercieron como política sistemática de Estado muerte, tortura, desaparición forzada, exilio, exoneración y persecución de ciudadanos disidentes, instaurando un clima de miedo y amenaza constante en toda la población” (CORNEJO et al, 2013, p.50). O sea, la población no tenía el derecho de oponerse o expresar su opinión en contra el Estado, pues si lo hubieran hecho serían exiliados, asesinados o torturados.

El papel de Chile y de Pinochet en las dictaduras latinoamericanas fue extremamente importante, visto que fue este país que, sobre la influencia y con ayuda de los Estados Unidos, organizaron la Operación Cóndor. La Operación Cóndor fue establecida en 1975 en una reunión realizada en Santiago entre el jefe de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA – policía secreta chilena) y los líderes de los servicios de inteligencia militar de Argentina, Bolivia, Paraguay y Uruguay (estos últimos con gobiernos militares o controlados por los militares). El nombre hace una comparación al ave típica del Andes y símbolo de Chile. Chile actuaba como líder del proyecto y los otros países latinoamericanos se acogieron. (FERREIRA, M. 2014)

Para John Dinges (2006, p.1),

Pinochet rompió los esquemas y creó un nuevo modelo que lo transformó en el icono por excelencia del siglo XX de la violación sistemática de los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad en América Latina. La Operación Cóndor, es decir la extensión internacional del poder de Pinochet que llegó incluso a las calles de Estados Unidos, París y Roma, fue el punto cúlmine del eficiente sistema creado por Pinochet para mantener y magnificar su régimen. Lo estableció como un líder, el primus enter pares de las dictaduras aliadas del cono sur de América Latina.

Es evidente que Pinochet fue un líder de la Operación en el Cono Sur y, por eso, fue denunciado como responsable por crímenes contra la humanidad durante el régimen militar. Crímenes contra la humanidad son ataques sistemáticos y generalizados direccionados contra cualquier población civil. (Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, 1998). Los hechos relatados por las víctimas y sus familiares podían ser constitutivos de genocidio, terrorismo de Estado y tortura. Esos ataques fueron direccionados no solamente a los ciudadanos chilenos sino también a individuos argentinos, españoles, de Reino Unido, de los Estados Unidos, etc. Desde la perspectiva del derecho internacional, todos los individuos que cometen crímenes contra la humanidad hacen parte de la jurisdicción universal, o sea, pueden ser juzgados por el derecho doméstico, pero también pueden ser juzgados por el derecho internacional, hasta los jefes de Estado. Fue a partir de esa perspectiva que algunos jueces españoles dictaron auto de prisión provisional incondicional y orden internacional de detención con fin de extradición contra Augusto Pinochet.

De acuerdo con Antonio Remiro Brotóns, (1999, p.45)

La jurisdicción de los tribunales chilenos para conocer de los delitos de lesa humanidad y, el primero, el de genocidio, cometidos en su territorio, no es sólo un derecho dimanante de la soberanía territorial de Chile, sino una obligación internacional expresamente asumida por la República, al menos frente a los demás Estados que son partes en el Convenio para la prevención y la sanción del delito de genocidio, de 1948. En éste, en efecto, se dispone (art. 6) que las personas acusadas de genocidio “serán juzgadas por un tribunal competente del Estado en cuyo territorio el acto fue cometido, o ante la corte penal internacional que sea competente respecto a aquellas de las partes contratantes que hayan reconocido su jurisdicción.” (BROTÓNS apud Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, art.6)

Una de las mayores luchas de los académicos y activistas de este tema es la busca por justicia para los individuos que tuvieron sus derechos transgredidos, la preservación de la memoria, para que uno no se olvide de los horrores de este periodo en la historia chilena y para que esto nunca vuelva a suceder. La Comisión de la Verdad y Reconciliación es una organización internacional creada en Chile en 1990, que tiene cuatro funciones básicas: (COMISIÓN NACIONAL DE VERDAD Y RECONCILIACIÓN, 1990, p.3)

Establecer un cuadro lo más completo posible sobre los graves hechos de violación a los derechos humanos, sus antecedentes y circunstancias; Reunir información que permitiera individualizar a sus víctimas y establecer su suerte o paradero; Recomendar las medidas de reparación y reivindicación que estimara de justicia; y Recomendar las medidas legales y administrativas que a su juicio debieran adoptarse para impedir o prevenir la comisión de nuevos atropellos graves a los derechos humanos.

La Comisión, entonces, actúa como un organismo paralelo específico para el caso de violaciones de derechos durante la dictadura chilena y de otros países del Cono sur. Su relevancia esta relacionada a la busca efectiva de la verdad y la busca por justicia de las familias que perdieron sus familiares. Además, su importancia también se conecta con la efectiva reconciliación nacional en Chile, para que no pase en este país lo que ha pasado con, por ejemplo: Brasil. En Brasil, hubo, después de la dictadura, la implementación de una ley de amnistía que impidió y revirtió las puniciones contra los que fueron acusados de cometer crímenes políticos. Esto generó en el país una gran sensación de impunidad y dificultó la reconciliación política brasileña, hasta el punto de que actualmente algunos ciudadanos todavía defienden el regreso a la dictadura.

Referencias

COMISIÓN NACIONAL DE VERDAD Y RECONCILIACIÓN. Informe de la Comisión nacional de verdad y reconciliación. Disponible en: <http://www.memoriachilena.cl/602/w3-article-94640.html&gt;. Acceso en: 30 de ago. 2018.

BROTÓNS, Antonio Remiro. Pinochet: Los Límites De La Impunidad. Política Exterior, v.13, n.67, 1999, pp. 43–57. Disponible en: <www.jstor.org/stable/20644416>. Acceso en: 1 de oct. 2018.

CORNEJO, Marcela et al. Historias de la Dictadura Militar Chilena Desde Voces Generacionales. Psykhe, Santiago, v.22, n.2, p.49-65, nov. 2013. Disponible en: <https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-22282013000200005&lng=es&nrm=iso&gt;. Acceso en 02 oct.  2018.

ESTATUTO DE ROMA DE LA CORTE PENAL INTERNACIONAL. 17 de jul. 1998. Disponible en: <http://www.un.org/spanish/law/icc/statute/spanish/rome_statute(s).pdf>. Acceso en: 30 de ago. 2018.

FERREIRA NAVARRO, Marcos, Operación Cóndor: Antecedentes, formación y acciones. Ab Initio, Núm. 9 (2014), p. 158-178. Disponible en: <www.ab-initio.es>. Acceso en: 19 de mar. 2018.

El gobierno estadunidense y los documentos sobre las dictaduras militares en el Cono Sur

En el año de 2016, el gobierno del presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, decidió entregar las informaciones sobre los regímenes dictatoriales del Cono Sur para sus respectivos países. La decisión fue tomada en conformidad con el decreto presidencial de Obama, en que se establecía la ampliación del acceso a la información para todos (THE WASHINGTON POST, 2016).

Aunque la política del gobierno respalde el acceso a la información, es importante decir también que los documentos no fueron donados espontáneamente por el gobierno de los EE.UU. Fueran, en la verdad, solicitados por las presidentas de Brasil, Dilma Rousseff, y de Chile, Michelle Bachelet – ambas perseguidas por las dictaduras militares en sus países (THE WASHINGTON POST, 2016).

Es pertinente apuntar también que la entrega de los documentos es un acontecimiento muy importante porque los Estados Unidos tuvieran un papel crucial en el establecimiento y continuidad de las dictaduras en el Cono Sur. La configuración de poder en el contexto de la Guerra Fría era un presupuesto para que el país ejercerse influencia en el continente. En nombre de lo combate a una supuesta amenaza comunista, los EE.UU sustentaban los regímenes de los países sudamericanos, aunque estos fuesen represivos y responsables por violaciones de derechos humanos (OLIVEIRA, 2013).

En los años anteriores a los golpes de Estado, las fuerzas armadas de los países sur americanos fueran entrenadas por escuelas militares de los EE.UU, y sufrieran también influencia del pensamiento ideológico pro Estados Unidos y anticomunista. Por lo tanto, aquellos que eran considerados comunistas, o que contestaban la ideología capitalista estadounidense, eran vistos como enemigos y precisaban ser eliminados (OLIVEIRA, 2013).

Durante los regímenes dictatoriales, todo que se pasaba en el Cono Sur era de conocimiento de los Estados Unidos. La CIA (Central Intelligence Agency) tenía informaciones sobre lo que ocurría en los países y os acompañaban para certificar que todo estaba en orden, de que, con las dictaduras en favor de la mentalidad estadounidense, no había amenaza de un movimiento socialista, como ha ocurrido en Cuba (OLIVEIRA, 2013).

Por lo tanto, el gobierno de los EE.UU estaba siente de las violaciones de derechos humanos ocurridas durante los regímenes dictatoriales en el Cono Sur, y los documentos entregues por el gobierno Obama comprueban eso. Además de haber sido entregados a los presidentes de los países sur americanos, muchos de estos documentos están organizados y disponibles en el sitio “Office of the Historian” del Departamento de Estado de los Estados Unidos.

Fueran entregues a la presidente de Chile, Michelle Bachelet, y a el presidente de Argentina, Mauricio Macri, una serie de documentos como telegramas sobre las articulaciones políticas; transcripciones de encuentros y conversas; cartas y otras correspondencias. Todo eso entre jefes de Estado y embajadores de los países del Cono Sur y de los Estados Unidos (OFFICE OF THE HISTORIAN, 2018).

Por ejemplo, en una de las correspondencias de la embajada estadunidense en Argentina para el Departamento de Estado de los EE.UU, de 1976, la embajada admite que hay evidencias de que la policía y las fuerzas armadas argentinas realizaron ejecuciones extraoficiales, aprehensión y encarcelamiento, y tortura de “supuestos terroristas” – que serían personas subversivas al gobierno. En otro telegrama, la embajada reconoce la posibilidad de envolvimiento de las fuerzas de seguranza en el asesinato de los uruguayos Michelini y Gutierrez Ruiz, y del ex-presidente boliviano Torres; admitiendo además que los países vecinos del Cono Sur estaban actuando conjuntamente, cooperando para que las persecuciones y asesinatos fuesen hechos (OFFICE OF THE HISTORIAN, 2018).

En los documentos del Director de Inteligencia Central, Colby, al Secretario de Estado de los EE.UU, Kissinger, hay más informaciones que corroboran la articulación entre los países sur americanos para perseguir los subversivos a los regímenes dictatoriales. Además, uno de los documentos es sobre una reunión entre el presidente de Brasil, Ernesto Geisel, los generales Milton Tavares de Souza, Confúcio Danton de Paula Avelino y João Baptista Figueiredo, jefe del Servicio Nacional de Inteligencia (SNI). En esta ocasión, Geisel decidió proseguir con las ejecuciones extraoficiales de subversivos, y el general Milton dice que aproximadamente 104 personas fueron ejecutadas por el Centro de Información del Ejército (CIE) del país (OFFICE OF THE HISTORIAN, 2018).

Ya en los documentos sobre la situación en Chile, hay un telegrama de la embajada de los EE.UU en Chile para el Departamento del Estado en que la embajada solicita al Departamento que los Estados Unidos apoye el país en la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, contra las acusaciones de violaciones de derechos humanos. El Departamento de Estado concedió el apoyo, y amenizó las violaciones cometidas por el Estado chileno ante las Naciones Unidas (OFFICE OF THE HISTORIAN, 2018).

Estas son algunas de las revelaciones de los documentos. Hay, aún, muchas otras informaciones sobre los otros regímenes dictatoriales en el Cono Sur y su articulación en la Operación Cóndor, el terrorismo de Estado y las violaciones de derechos humanos en cubertadas, pero de conocimiento de los Estados Unidos.

Las preguntas ante de estos documentos son: ¿por qué solamente fueran revelados en 2016? ¿Cómo su revelación impacta las investigaciones sobre los “desaparecidos” en los regímenes? ¿Cómo fuera y ahora será la postura de las Naciones Unidas delante do que estos documentos presentan?

Sin embargo, es cierto que el acceso a esos documentos es una victoria para los países que tuvieran dictaduras militares. Es una victoria para la reconstrucción de la memoria. Son capítulos de una historia que por mucho tiempo no fue contada, porque fue dijo que no existía, pero que allí estaba, en el país que por tanto tiempo y hasta hoy influencia la historia latinoamericana. ¡La lucha por justicia continua!

Para acceder los documentos de cada uno de los países de la Operación Cóndor (menos del Paraguay, que no está disponible), siguen los links:

Argentina: https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1969-76ve11p2/ch1

Brasil: https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1969-76ve11p2/ch3

Chile: https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1969-76ve11p2/ch4

Uruguay: https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1969-76ve11p2/ch7

Referencias

OFFICE OF THE HISTORIAN. Documents on South America, 1973–1976. Disponible en: <https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1969-76ve11p2/comp1&gt; Acceso en: 18 sept. 2018.

OFFICE OF THE HISTORIAN. 36. Airgram A–32 From the Embassy in Argentina to the Department of State. Disponible en: < https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1969-76ve11p2/d36&gt; Acceso en: 19 sept. 2018.

OFFICE OF THE HISTORIAN. 47. Telegram 3741 From the Embassy in Argentina to the Department of State. Disponible en: < https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1969-76ve11p2/d47&gt; Acceso en: 19 sept. 2018.

OFFICE OF THE HISTORIAN. 99. Memorandum From Director of Central Intelligence Colby to Secretary of State Kissinger. Disponible en: < https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1969-76ve11p2/d99&gt; Acceso en: 19 sept. 2018.

OFFICE OF THE HISTORIAN. 158. Telegram 846 From the Embassy in Chile to the Department of State. Disponible en: < https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1969-76ve11p2/d158&gt; Acceso en: 20 sept. 2018.

OLIVEIRA, Raísa Gomes De. 2013. Operação Condor: O terrorismo de Estado no Cone Sul e o papel hegemônico dos Estados Unidos. Disponible en: < http://www.periodicos.ufpb.br/ojs/index.php/ricri/article/view/17742&gt; Acceso en: 17 sept. 2018.

THE WASHINGTN POST. 2016. Why the Obama administration is giving old state secrets to Latin American allies. Disponible en: < https://www.washingtonpost.com/opinions/why-the-obama-administration-is-giving-old-statesecrets-to-latin-american-allies/2016/09/16/e84db81a-7aad-11e6-bd86-b7bbd53d2b5d_story.html?noredirect=on&utm_term=.e94d23f23bf2&gt; Acceso en: 17 sept. 2018.

 

Equipo completo :)

¡Buenas tardes, estimados señores delegados! Es con mucho placer que gustaría de presentar nuestros voluntarios del CDH 2019 y decir que nuestro equipo se encuentra completo y lista para recibir ustedes.

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¡Hola! Yo soy Alípio, estudio relaciones internacionales en PUC Minas y en esta edición del Minionu voy a ser voluntario del CDH (2019).
 
Este será mi primer contacto con un modelo de simulación y no veo la hora de testificar toda esa experiencia, que seguramente cambiará la forma en que veo muchas cosas en lo que se refiere desde cuestiones académicas hasta profesionales y personales.
 
Para hablar un poco de mi, me gusta mucho viajar y en especial ir a la playa! Cuanto a mi película favorita, no tengo duda que és “Interstellar” pues me encanta su complejidad y deslance…
 
Por fin, ahora que ya me conocen un poco, tengo ganas de conocer ustedes! Por lo tanto nos vemos en el MINIONU para compartir de una encantadora experiencia! Sean todos bienvenidos!
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¡Hola, señoras y señores delegados! Me llamo Sofia, soy estudiante del segundo período de Relaciones Internacionales y estoy encantada de ser voluntaria en este comité tan importante.

La temática de los derechos humanos siempre me interesó mucho y estoy agradecida por tener la oportunidad de profundizar los estudios de una manera tan dinámica y interesante. El 19ª MINIONU será la primera simulación de mi vida y espero que los señores estén tan entusiasmados cuanto yo. Para mí, este comité es sobre comprender cómo nuestra historia ha sido construida, para que sepamos nuestra identidad y  nuestro papel como latinoamericanos protagonistas en una formación más consciente y justa del presente y del futuro.

Personalmente, me encanta la cocina, la música y todo lo que sea cultura. Si tiene alguna película para recomendar, ¡me quedaré muy contenta!

Tengo ganas de conocerlos y oír cada uno de ustedes, que tienen mucho a enseñarme. Cualquier duda o necesidad, estaré a disposición para ayudarlos. ¡Hasta pronto!

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¡Saludos Señorxs delegadxs! Yo Soy Rafael, estudiante de Relaciones Internacionales en la PUC Minas y este año voy a ser voluntário en el comité CDH(2019) del MINIONU 2018.

Esta es mi primera experiencia en el proyecto, luego espero contribuir de una manera muy positiva y ya pienso en quedarme hasta el fin de mi graduación en el MINIONU intentando participar y alcanzar todos los cargos posibles.

Para que conozcan un poco más acerca de mí, les digo que me encanta viajar y que no puedo vivir sin escuchar música. Me encantan las películas, y por eso se me hace muy difícil escojer una para decirles que es mi favorita, pero ahora los recomiendo una que se llama “Una mujer fantástica”.

Por fin, ya quiero conocerlos y espero que les guste esta experiencia con nosotros.

¡Sean Bienvenidos a la 19° edición del MINIONU!

Integración regional y consolidación democrática

El proceso de integración de América del Sur tiene semejanzas y diferencias con el proceso europeo que fue el objeto de estudio de la mayor parte de las Teorías de Integración regional del mundo. Por proceso de Integración Regional es posible comprender:

La integración regional es un proceso multidimensional cuyas  expresiones incluyen iniciativas de coordinación, cooperación,  convergencia e integración profunda, y cuyo alcance abarca no sólo las temáticas económicas y comerciales, sino también las políticas, sociales, culturales y ambientales (CEPAL, 2014, p.1).

                                       

Así como el proceso de integración europeo, el proceso de integración en América del Sur comenzó por sectores y motivaciones económicas con la creación de la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio (ALALC). El Acuerdo de creación de la ALALC preveía la constitución de un área de libre comercio en la región y fue motivado por las presiones de la CEPAL que afirmaba sobre la necesidad de un desarrollo en la región pautado en su autonomía e industrialización. De esta forma, los principales órganos de integración regional del continente sudamericano son:

 

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A lo largo de los años, otras formas de integración surgieron en la región, en otros sectores y, en ese proceso, es posible identificar dos actores fundamentales, que motivaron la integración: los grupos de interés en la sociedad y la presencia de una autoridad supranacional burocrática. Un concepto importante de ser trabajado en este proceso es el concepto de Spillover. Spillover es la tendencia y la lógica de expansión natural de la integración del aspecto económico para el aspecto político.

                                          

Cabe notar que los procesos mencionados no han tenido lugar con igual intensidad en toda la región. En particular, la dinámica que se produce en México, Centroamérica y el Caribe difiere notoriamente de la que se ha venido generando en América del Sur. El primer grupo de países, por obvias razones geográficas, mantiene una estrecha vinculación con la economía estadounidense, no solo a través del comercio sino también de los flujos de inversión extranjera directa               (IED), migración, turismo y remesas (CEPAL, 2014, p.16).

 

 Es posible afirmar, mirando la historia del continente suramericano que este concepto no se aplica de forma integral en América del Sur en lo que se refiere a la lógica de expansión y de la profundización de la integración regional hasta los días de hoy. A pesar de que hay una profundización en el sector económico y en la integración política, como queda explícito en la creación del MERCOSUR (Mercado Común del Sur), no es perceptible una plena continuidad y desbordamiento hacia otras áreas de la integración. No hubo un claro activismo político por parte de la sociedad civil, o sea, no hubo una transferencia de lealtad por parte del tercer sector y de la sociedad civil a unidad regional.

 En términos de bienes públicos, se puede percibir que el MERCOSUR crea un ambiente propicio de negociación para que las discusiones ocurran. Según la autora Taiane Las Casas, el MERCOSUL trae elementos importantes para que sus miembros negocien y cooperen para la provisión de bienes públicos (Las Casas, 2015).

 Según una pesquisa hecha por el PNUD, en 2002 “Como los latinoamericanos ven sus democracias” basado en un índice de apoyo del ciudadano a la democracia (IAD), el IAD en América Latina es positivo para democracia. Pero, aun así, los latinoamericanos tienen una visión que no fortalece ni un poco la defensa democrática. 56,3% de los ciudadanos latinoamericanos creen que el desarrollo económico es más importante que la democracia, 37,2% creen que intervenciones del ejecutivo por medio del uso de la fuerza pueden ser válidas para mantener la orden, 38,2% creen que puede existir democracia sin Congreso Nacional, 40% está de acuerdo que puede haber democracia sin partidos políticos, 54,7% apoyaría un gobierno autoritario que resolviese los problemas económicos y 36,1% están de acuerdo que el presidente controle los medios de comunicación.

 Una población que no cree en valores democráticos y que no tiene una cultura política en este sentido, está sujeta a riesgos de violaciones de Estado de derecho e interrupciones recurrentes de la democracia en contextos de crisis como el actual en el Cono Sur.

Figura I- Integración en América Latina

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Fuente: Banco Interamericano de Desarrollo

       

La falta de cultura política es una característica muy común de los estados pos coloniales, o sea, que sufrieron un proceso de colonización. La expresión pos colonial se dirige más específicamente para los estados periféricos que sufrieron severamente los efectos de una colonización de exploración. La falta de cultura política es una característica muy fuerte en la población de estos estados lo que acaba por dejarlos muy vulnerables a intervenciones extranjeras violadoras y abusivas lo que no permite muchas veces un desarrollo de forma autónoma en estos estados.

Las políticas externas de los países son factores decisivos en el camino de la integración regional. El continente sur americano es fuertemente caracterizado por una tendencia de política de olas rosas y olas azules. La llamada ola rosa representa la ascensión de gobiernos de izquierda en la mayoría de los países del continente sur americano, mientras la ola azul representa la ascensión de gobiernos de derecha. Direccionamientos de políticas externas en la ola rosa suelen dar una mayor importancia y enfoque para la negociación, cooperación y fortalecimiento de su diplomacia con los países del sur, lo que fortalece la lógica de integración regional. Ya las políticas externas de la ola azul tienden, por su vez, concentrarse más en la negociación y diplomacia con los países centrales del sistema internacional, manteniendo una diplomacia de intereses aliados a los países europeos y a los Estados Unidos de América. Pero, claro, es necesario decir que esto es una tendencia de las políticas externas, no es una condición o tampoco una regla general.

 En función de la tendencia política de estas olas, el proceso de integración regional en el continente se queda demasiado dependiente de las políticas externas del país y direccionamientos ideológicos de los gobiernos internos.

 Es posible concluir entonces que el continente sur americano no tuvo proyecto pensado de integración regional en el quesito político y esto generó graves problemas como el enflaquecimiento de los países del punto de vista individual y aún el enflaquecimiento de la noción de región. La región se quedó mucho más vulnerable a interferencias extranjeras que creaban proyectos políticos para la región de acuerdo con sus intereses y crearon así nuevos regionalismos. La Operación Cóndor y la intervención de Estados Unidos en el Cono Sur puede configurarse como un ejemplo de esto.

 La Operación Cóndor fue, en este sentido una de las formas organizadas de cooperación regional en nuestro continente, pero no se dio de manera autónoma por parte de los países, se dio por medio de intervenciones de otras potencias como los Estados Unidos que tenían intereses políticos por detrás de la Operación, en función del contexto mundial de la Guerra Fría y la tentativa de retirar cualquier amenaza comunista de su región vecina como una forma de expresión de su poder y hegemonía.

Referencias:

CASAS, Taiane Las. A integração regional como mecanismo para provisão de bens públicos: uma análise comparativa da agenda de segurança pública no Mercosul e na Comunidade Andina de Nações. 2015. Disponible en: <http://www.scielo.br/pdf/rbpi/v58n1/0034-7329-rbpi-58-01-00023.pdf>. Acceso en: 29 ago. 2018.

CEPAL. Integración regional: hacia una estrategia de cadenas de valor inclusivas. Disponible en: <https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/36733/1/S2014216_es.pdf&gt;  . Acceso en: 05 ago.2018

MERCOSUL.GOV. Saiba mais sobre o MERCOSUL. Disponível em: <http://www.mercosul.gov.br/saiba-mais-sobre-o-mercosul>. Acceso en: 29 ago. 2018.

PNUD. A Democracia na América Latina: rumo a uma democracia de cidadãos e cidadãs. Disponible en: <http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/pn000012.pdf&gt;. Acceso en: 05 ago.2018

ZERO, Marcelo. O Mercosul e os Processos de Integração da América do Sul e da América Latina: Integração pela Cidadania ou Desintegração pelas Assimetrias?. 2014. Disponível em: <http://brasilnomundo.org.br/analises-e-opiniao/o-mercosul-e-os-processos-de-integracao-da-america-do-sul-e-da-america-latina-integracao-pela-cidadania-ou-desintegracao-pelas-assimetrias/#.WfZHnWhSzIV>. Acesso en: 29 ago. 2018.

 

Principales organismos y Recursos de Derechos Humanos para los países

Hasta la Segunda Guerra Mundial, la soberanía estatal era el factor limitante para los derechos humanos. La soberanía puede ser definida como “el poder absoluto y perpetuo de un Estado”,  (BODIN apud GERSTER, 2006) es decir, el más alto poder de comandar dentro de un territorio determinado. La autoridad del Estado era vista como ilimitada y absoluta. Por lo tanto, los Estados podrían violar los derechos de su población sin sufrir constreñimiento, porque en ese periodo se trataba de un asunto interno y los países no poseían vínculos jurídicos internacionales con el tema. La Segunda Guerra Mundial fue un marco importante para los derechos humanos, pues con su fin, la sociedad internacional necesitaba de acuerdos internacionales que garantizaran la paz y la protección de todos los individuos y también se veía necesario “establecer un orden público internacional por encima de los Estados que previene la repetición de este tipo de situación en el futuro” (ROJAS, 2006, p.174).

Con el fin de la guerra en 1945, pasado sus horrores, fue creada la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH), que pasó a considerar que

Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición (ONU, 2015, p.6).

A partir de eso, les son reconocidos a los individuos derechos por su sola condición de seres humanos y por la primera vez, se entendió que los países deberían ser responsabilizados por las violaciones cometidas a su población o en su territorio. Además, la comunidad internacional pasó a poder intervenir si los Estados burlaren de proporcionar tal protección a sus nacionales (BENVENUTO, 2002).

Actualmente, hay muchos recursos y organismos especializados en las cuestiones de derechos humanos. Por ejemplo, la Carta Internacional de los Derechos Humanos. La Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y sus dos Protocolos Facultativos constituyen la Carta Internacional de los Derechos Humanos (CDHPF, 2006).

Todos estos tratados posibilitaron que el individuo tuviera derechos económicos, políticos, culturales y sociales que de acuerdo con la DUDH son indivisibles, luego, no se pueden dividir sin que se altere su esencia (ONU, 2015).

Es importante resaltar que hay dos vías para los sistemas de protección internacional de los derechos de los individuos. La primera es la responsabilidad del Estado, que ha desarrollado el derecho internacional de los derechos humanos, y la segunda es de la responsabilidad individual, que ha desarrollado el derecho penal internacional (ROJAS, 2006). En el derecho internacional de los derechos humanos, los Estados son los responsables por seguir las reglas de los tratados y rectificarlos, o sea, aprobarlos en el derecho doméstico para que sean válidas internamente.

Hay muchas convenciones que buscan proteger a minorías sociales de los países o que tienen el objetivo de evitar que eventos negativos vuelvan a ocurrir, por ejemplo: La Convención Internacional contra todas las formas de discriminación racial, La Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, la Convención contra la tortura, la Convención sobre los derechos de los niños, la Convención sobre Genocidio, entre otros. La tarea de esas convenciones es de hacer con que los Estados ratifiquen sus normas sin hacer reservas (sin excluir alguna norma) y abrir un debate muy importante acerca de problemas sociales y culturas de opresión a las minorías entre autoridades gubernamentales (BENVENUTO, 2008).

Además de los tratados y convenciones, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) también ha creado organismos de derechos humanos que tienen el objetivo de monitorear los Estados y lidiar con casos de violaciones estatales. El Consejo de Derechos Humanos, por ejemplo:

Es responsable por promover el respeto universal por la protección a los derechos humanos y a las libertades fundamentales, sin distinción de ninguna especie y de manera justa e igualitaria. Él se ocupa principalmente de violaciones graves y sistemáticas de los derechos humanos y puede hacer recomendaciones con relación a eso, bien como promover la coordinación eficaz y la integración sin excepciones de cuestiones de derechos humanos en todos los ámbitos del sistema de las Naciones Unidas. Además, el Consejo es responsable por la educación en derechos humanos, bien como la prestación de servicios de consultoría. Él actúa como fórum para el diálogo acerca de cuestiones temáticas de todos los derechos humanos y presenta a la Asamblea General de la ONU recomendaciones para el desarrollo del derecho internacional en esta área (ESMPU, 2010).

En el sistema internacional hay también sistemas regionales de protección de los derechos humanos, por ejemplo, el sistema interamericano de derechos humanos, de lo cual podemos destacar dos organismos: la Comisión Interamericana y la Corte Interamericana de derechos humanos. La Corte es un órgano jurisdiccional que tiene competencia consultiva y contenciosa. La primera se refiere a la interpretación de las normas de la Convención Americana o de tratados internacionales relacionados a derechos humanos en la región de las Américas y el segundo se refiere a la solución de litigios acerca de la aplicación e interpretación de la Convención. (TABOSA, 2016)

Es necesario dejar claro que el sistema internacional de los derechos humanos se configura de la siguiente manera: Las Convenciones son como las “leyes” internacionales acordadas por los países, los cuales son tomados como base por los Comités para monitorear los Estados y saber si estos las están siguiendo e implementando y, por fin, las Cortes son responsables por sancionar los actores que están violando a las normas y acuerdos establecidos en la Convención. Por ejemplo: El Comité de Derechos Humanos monitorea la implementación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Corte Internacional de Justicia sanciona los países incumplidores.

Por fin, es posible percibir que los recursos y organismos expuestos en este artículo son fundamentales para garantizar la protección de los derechos de todos los individuos, porque sin ellos los seres humanos todavía serían dependientes de la soberanía estatal para tener acceso a la libertad y dignidad. Además, son importantes para monitorear y hasta sancionar los Estados que incumplen a los tratados internacionales, aplicando sanciones y los constriñendo en el sistema internacional.

CDH

Logo de la Organización de las Naciones Unidas

REFERENCIAS

BENVENUTO, Jayme L. Jr. Manual de Direitos Humanos Internacionais. Pernambuco: Loyola, 2008.

Comissão de Direitos Humanos de Passo Fundo (CDHPF). Instrumentos Internacionais de Direitos Humanos. Berthier: Passo Fundo, 2006.

ESCOLA SUPERIOR DE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO. Manual Prático de Direitos Humanos Internacionais. Brasília. PETERKE, Sven. (coord.) 2009. Disponible en: < file:///C:/Users/doraj/Downloads/Manual+Pr%C3%A1tico+de+Direitos+Humanos+Internacionais.pdf>. Aceso en: 31 de ago. 2018.

NACIONES UNIDAS. Declaración Universal de los Derechos Humanos. 2015. Disponible en: < http://www.un.org/es/documents/udhr/UDHR_booklet_SP_web.pdf&gt;. Aceso en: 30 de ago. 2018.

ROJAS, Claudio N. La Protección Internacional de Los Derechos Humanos. Santiago. 2006

TABOSA, Caroline R. O Sistema Interamericano de Direitos Humanos. Conteúdo Jurídico, Brasília-DF: 29 ago. 2016. Disponible en: <http://www.conteudojuridico.com.br/?artigos&ver=2.56660&seo=1&gt;. Aceso en: 28 ago. 2018.

 

Leyes de amnistía y su impacto en la construcción de la memoria y de la verdad para la población y la historia de los países del Cono Sur

Las leyes de amnistía fueron leyes que perdonaron personas que han cometido crímenes políticos durante el período de los regímenes dictatoriales en el Cono Sur. Estas leyes, por lo tanto, no permiten la investigación, el análisis y el juicio de los crímenes cometidos, no siendo posible responsabilizar y punir sus autores, y tampoco hacer justicia para las víctimas y sus familias.

Estas leyes fueron aprobadas en algunos de los países en los últimos gobiernos dictatoriales, y en otros, en la transición democrática, entre las décadas de 70 e 80. Los recientes juicios en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) han retomado el debate sobre la impunidad generada por los Estados al aprobar las leyes de amnistía “[…] en contravención a la obligación de investigar, procesar y sancionar violaciones a los derechos humanos y el respeto al derecho a la verdad” (MATUTE, 2010a, v.1, p. 263).

En Argentina, ante la presión de los militares, leyes de amnistía fueron aprobadas en el gobierno civil del presidente Raúl Alfonsín en 1986 y 1987. En estos años fueran aprobadas las leyes nº 23.492, conocida como “ley de Punto Final”, y nº 23.521, conocida como “Obediencia Debida” (DOMÍNGUEZ, 2011).

La ley Punto Final establecía la conclusión de las investigaciones de los crímenes cometidos durante la dictadura, salvo en casos de crímenes de sustitución de estado civil y secuestro y ocultación de menores. La ley de Obediencia Debida establecía la no investigación y penalización de oficiales, policías y militares en ejercicio de su profesión y cumplimiento de órdenes, aunque contrarias a los derechos humanos, en el periodo dictatorial (DOMÍNGUEZ, 2011).

Se consideró que estos oficiales, como funcionario del Estado, estaban bajo coerción y subordinación a las autoridades superiores y en cumplimiento de órdenes, sin facultad o posibilidad de oposición o resistencia (DOMÍNGUEZ, 2011). Sin embargo, debido a la insatisfacción por parte de la sociedad civil y movimientos sociales, las leyes fueron impugnadas en el Legislativo y en el Judiciario, que las consideró inconstitucionales (FERNANDES, 2010).

En Brasil, la ley de amnistía fue, y sigue siendo, objeto de críticas. Esto debido a su formulación que permite entender que todos aquellos que cometieron crímenes políticos durante el período dictatorial serían perdonados, siendo estos civiles, contrarios al régimen, o políticos y militares gobernantes, y también porque está en vigor hasta los días actuales.

La ley nº 6.683 de 1979 fue decretada por el Congreso Nacional y sancionada por el presidente João Figueredo, el último de la dictadura militar. La ley concede amnistía a todos los que, en el período comprendido entre el 2 de septiembre de 1961 y 15 de agosto de 1979, cometieron crímenes políticos (BRASIL, 1979).

En 2010, la Corte Interamericana de Derechos Humanos notificó al gobierno de Brasil respecto a la Sentencia en el caso Gomes Lund y otros, como el de la “Guerrilha do Araguaia” contra Brasil. El Tribunal concluyó en su sentencia que el Estado brasileño es responsable de la desaparición forzada de 62 personas en la región conocida como Araguaia; y concluyó que la ley de amnistía es incompatible con las obligaciones internacionales asumidas por Brasil ante la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CIDH, 2010).

En Chile, la ley de amnistía fue un decreto, ley nº2191, aprobado por el presidente Augusto Pinochet en 1978. La ley concede amnistía a todas las personas que cometieron actos delictivos entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1978, período en que el país estaba en estado de sitio – suspensión temporal de derechos y garantías de los ciudadanos, y sumisión de los Poderes Legislativo y Judicial al Ejecutivo, en el que ocurrían violaciones sistemáticas y generalizadas de los derechos humanos (CORNEJO, 2016).

Sin embargo, la historia chilena reciente tuvo algunos hitos y avances en la construcción de la memoria y la justicia del país. Aunque con la ley de amnistía en vigor, se realizaron juicios de oficiales investigados por violaciones de derechos humanos, y estos fueran punidos, entre ellos, el ex presidente Pinochet.

En Paraguay no tuviera ley de amnistía, y, a pesar de haber documentación sobre las violaciones de derechos humanos ocurridas, los crímenes siguen sin investigación, no siendo responsabilizados sus autores. Hasta los días actuales, las víctimas y familias de víctimas de las violaciones de derechos humanos demandan la investigación de los crímenes y la justicia.

En 1986, el Parlamento uruguayo discutió y aprobó la Ley nº 15.848, conocida como la Ley de Expiración de la Reclamación Punitiva del Estado. La ley garantiza inmunidad a los miembros de las Fuerzas Armadas y Fuerzas Policiales, con excepción de civiles, que cometieron crímenes políticos entre junio de 1973 y marzo de 1985, siendo excluidos de la ley fueron aquellos en que los autores de los crímenes obtuvieron un beneficio ilícito (SHARNAK, 2014).

En 1988, la ley fue considerada inconstitucional, pero en 1989, en un referéndum, la ley de amnistía fue apoyada por 56,6% de votos populares, siendo mantenida (ERRANDONEA, 2008).  Hasta hoy, la ley de amnistía continúa en vigor en Uruguay, aunque con movilizaciones civiles contrarias a ella y el posicionamiento también contrario por parte de la CIDH.

Las leyes de amnistía en el Cono Sur fueran formuladas en un contexto de justicia de transición, y por lo tanto, fueron realizadas negociaciones y concesiones para que fuesen aprobadas. Aunque la población la amnistía para aquellos que no estaban de acuerdo con los regímenes dictatoriales y luchaban para su fin, también querían que los responsables de los crímenes cometidos en nombre del Estado fuesen responsabilizados.

Como resultado del “perdón” también a aquellos que cometieron violaciones de derechos humanos, los países en que la ley de amnistía permanece en vigor tienen parte de su historia ocultada, así como la verdad. En ese sentido, la ley de amnistía se presenta como como un instrumento que crea un espacio en blanco en la memoria de los países del Cono Sur, una memoria que necesita ser rescatada para que no amenace el presente y el futuro.

Referencias

BRASIL. Ley nº 6.683 de 28 de agosto de 1979. Concede amnistía y establece medidas referentes a los crímenes políticos cometidos en el período comprendido entre el 2 de septiembre de 1961 y 15 de agosto de 1979. Diario Oficial da União, Brasília, 28 agosto. 1993.

CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS (CIDH). COMUNICADO DE IMPRENSA(*) Sentença do caso Gomes Lund e outros (“Guerrilha do Araguaia”) Vs. Brasil. Disponible en: < http://www.corteidh.or.cr/docs/comunicados/cp_19_10_por.pdf&gt; Acceso en: 14 agosto. 2018

CORNEJO, Patrícia Helena De Andrade. Chile e a operação condor: levantamento histórico e a impunidade das violações aos direitos humanos nos crimes da ditadura. Disponible en: <http://aberto.univem.edu.br/bitstream/handle/11077/1498/TCC%20PATRICIA%20HELENA.pdf?sequence=1&isAllowed=y > Acceso en: 15 agosto. 2018

DOMÍNGUEZ, Andrés Gil. La nulidad de las leyes del “olvido” en la República Argentina: Las leyes de “Punto final” y “Obediencia debida”. Disponible en: <https://www.unifr.ch/ddp1/derechopenal/tribuna/tr_20111004_01.pdf > Acceso en: 15 agosto. 2018

ERRANDONEA, Jorge. Justicia transicional en Uruguay. Disponible en: < http://www.corteidh.or.cr/tablas/r23814.pdf&gt; Acceso en: 16 agosto. 2018

FERNANDES, Pádua. Ditadura Militar na América Latina e o Sistema Interamericano de Direitos Humanos: (in)justiça de transição no Brasil e Argentina. XIV Encuentro de Latinoamericanistas Españoles: congreso internacional, Sep 2010, Santiago de Compostela, Spain. Universidad de Santiago de Compostela, Centro Interdisciplinario de Estudios Americanistas Gumersindo Busto; Consejo Español de Estudios Iberoamericanos, pp.1674-1692, 2010, Cursos e Congresos. Disponible en: <https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00531273/document&gt; Acceso en: 15 agosto. 2018

MATUTE, Javier Dondé. El concepto de impunidad: leyes de amnistía y otras formas estudiadas por la corte interamericana de derechos humanos. Disponible en: < https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/32148601/kas_23685-1522-4-30.pdf?AWSAccessKeyId=AKIAIWOWYYGZ2Y53UL3A&Expires=1534685352&Signature=6gDZxhB6gKFG%2B3RxsKxZqSnAYi4%3D&response-content-disposition=inline%3B%20filename%3DDialogo_jurisprudencial_en_materia_de_ac.pdf#page=252 > Acceso en: 14 agosto. 2018

SHARNAK, Debbie. “Silêncios, direitos humanos e o referendo uruguaio de 1989 sobre a lei de anistia”. Traducción de Pedro Ivo Carneiro Teixeirense TALLER (Segunda Temporada). Revista de Sociedad, Cultura y Política en América Latina Vol. 4, N° 5 (2015) ISSN: 0328-7726 [45] artículo original en inglés: SHARNAK, Debbie (2015) “Silences, human rights and Uruguay’s 1989 Amnesty Referéndum”. Taller (SegundaTemporada). Revista de Sociedad, Cultura y Política en América Latina Vol. 4, N° 5, pp. 43-62. Disponible en: < https://scholar.harvard.edu/files/sharnak/files/99-218-1-sm.pdf&gt; Acceso en: 14 agosto. 2018

 

 

 

 

Las funciones de las Comisiones Nacionales de Verdad y su importancia delante de la Justicia de Transición

Las Comisiones de Verdad son instituciones extremamente importantes en la discusión de este comité que se pasa en 2019 por ser un año en que la mayor parte de los informes de Comisiones de Verdad ya se encerraran y por eso es posible tener en cuenta las investigaciones acerca de los crímenes cometidos por las dictaduras suramericanas, avaluar los medios de punición, así como hacer recomendaciones para los países que hicieran estos crímenes para que ellos se fortalezcan en términos de instituciones democráticas y de protección a los derechos humanos.

Las democracias muy recientes del continente aún presentan grandes fragilidades y esto aún es preocupante. Las Comisiones de Verdad instaladas en los países tienen un gran compromiso con la verdad, pero también con la memoria, memoria de las personas que aún están vivas para que puedan tener el derecho de justicia con relación a personas desaparecidas que no tienen noticias de ellas, pero también memoria nacional para que los países que tuvieran dictaduras no cometan de nuevo este error. La memoria nacional es muy importante para el pueblo en la medida que la resistencia popular debe tener en cuenta el valor de la democracia y no dejar que ocurra cualquiera interrupción en el proceso democrático.

La legislación que creó la Comisión de Verdad definió su alcance, sus funciones y compromisos judiciales. Son objetivos esenciales de las comisiones: esclarecer los factos y las circunstancias de los casos  de violaciones de derechos fundamentales, identificar y tornar públicos sitios, instituciones o estructuras relacionadas con la práctica de violación de estos derechos, colaborar con todas las instancias de poder para punición de violaciones, hacer recomendaciones de medidas y políticas  públicas para prevenir ofensas a estos derechos, promover la reconstrucción de la historia y colaborar para que sean prestadas asistencias a las víctimas y sus familiares (BRASIL, 2014).

La Justicia de Transición es un concepto muy importante de ser comprendido en este proceso. La Justicia de Transición se refiere a los procesos de transformación política y jurídica en los contextos de transición de dictaduras para regímenes pos dictatoriales. En este sentido, la Justicia de Transición tiene cuatro importantes dimensiones de actuación: la promoción de reparación a las víctimas, el fornecimento de la verdad y construcción de la memoria, regulación de las funciones de la justicia y establecimiento de la igualdad frente a la ley y por fin, la reforma de las instituciones violadoras de los derechos humanos. Los autores Tarso Genro y Paulo Abrão resaltan que:

es absolutamente evidente que la implementación de cualquier de estas cuatro dimensiones de la Justicia de Transición depende de la inclusión de las mismas en un concepto más avanzado de justicia. De este modo, para fundamentar la idea de reparación a los perseguidos políticos es necesaria el soma de dos factores del contexto jurídico político de un país: el reconocimiento de que los factos ocurridos fueran injustificadamente prejudiciales y de responsabilidad del Estado y el reconocimiento de la obligación del Estado de indemnizar los daños injustos por él causados (ABRÃO; GENRO. 2010, p.30).

La primera Comisión de Verdad del mundo fue creada en Uganda en el año de 1974, en el gobierno de Idi Amin, un dictador militar, y tuvo como objetivo central investigar los desaparecimientos durante los seis primeros años de su gobierno y, así, contestar a críticas contra él, que se daban alrededor de cuestiones como las violaciones de Derechos Humanos, la represión política y la corrupción.   Después de esta Comisión de Verdad fueran creadas más de treinta comisiones alrededor del mundo: África del Sur, Alemania, Argentina, Bolivia, Canadá, Carolina del Norte (Estados Unidos), Chile, Corea del Sur, Ecuador, El Salvador, Gana, Haití, Islas Mauricio, Islas Salomón, Indonesia, Marrocos, Nepal, Panamá, Paraguay, Perú, Portugal, Kenia, República Democrática de Congo, República Federal de Yugoslavia, Sri Lanka, Timor Leste, Togo, Uruguay y Zimbabue (DESARQUIVANDO O BRASIL, 2012).

Uno de los factores más determinantes para la creación de las Comisiones de Verdad fue la creciente condenación de la comunidad internacional en relación a las violaciones de derechos humanos y la exigencia por establecer sistemas democráticos que garantizaran el respeto básico a las personas. Al interior de cada país, existían importantes fuerzas sociales que luchaban por la vuelta del sistema democrático. Estas presiones internas y externas fueron esenciales para la creación de esta instancia de justicia (BAEZA; CUEVAS; ROJAS. 2003).

La creación de estas instancias contesta también a deberes de los gobernantes con relación al deber ético jurídico y el deber ético político.

El primero responde al derecho internacional que obliga a los Estados a reparar el daño causado a las víctimas, castigar los crímenes de guerra, los crímenes contra la paz y los de lesa humanidad. El segundo, a tener que fundar en bases sólidas y creíbles el nuevo orden democrático, en tanto permite establecer las normas quebrantadas por el terrorismo de Estado y los conflictos armados (BAEZA; CUEVAS; ROJAS. P. 21; 2003).

En América Latina, la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas de Argentina, (CONADEP), creada en 1983, tuvo una investigación de más de nueve mil casos que fue posible por cuenta de la creación de sus propias leéis, tribunales y políticas públicas, con una fuerte participación de las víctimas, sus familiares y la sociedad civil por medio de activistas y grupos de defensa de los derechos humanos.  La Comisión, durante sus nueve meses de existencia formal, determinó la existencia de 8.960 personas detenidas (desaparecidas según denuncias comprobadas) y hay aún la posibilidad de este dato ser aún mayor. La Comisión relevó, aun, una lista con 340 centros de detención. Luego de la entrega del informe, fueron presentados 1080 casos ante la justicia. Fueron hechas dos recomendaciones esenciales dirigidas a dos ámbitos: iniciativas dirigidas a prevenir, reparar y evitar la repetición de conculcaciones a los derechos humanos y recomendaciones dirigidas a la justicia, para que realice una profunda investigación judicial de los hechos que no fueron denunciados (BAEZA; CUEVAS; ROJAS. 2003).

La Comisión de Verdad y Reconciliación en Chile de 1990 determinó la existencia de 3400 casos de personas detenidas y ejecutadas políticas. En 1992, por medio de una ley nacional, fue creada la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación, (CRR), para hacer la implementación de las recomendaciones hechas por la Comisión de Verdad y para concluir el proceso de calificación de calidad de víctimas de las más graves violaciones de derechos humanos.

Fueran formuladas algunas recomendaciones esenciales: con relación a medidas de reparación como la reivindicación y reparación simbólica, recomendaciones de carácter legal y administrativo, recomendaciones relativas al bienestar social, recomendaciones dirigidas a la prevención, de tipo jurídico y institucionales y otras recomendaciones relativas al seguimiento de la investigación (BAEZA; CUEVAS; ROJAS. 2003).

En Paraguay, la Comisión de Verdad y Justicia del Paraguay ha analizado el testimonio de 9.923 víctimas directas de la dictadura. Según los testimonios y otros analistas políticos, el periodo dictatorial en Paraguay tuvo un carácter totalitarista, una de las características más graves del gobierno stronista. El gobierno controlaba el comportamiento de la mayoría de la población paraguaya en todo territorio nacional e incluso en el exterior, principalmente con la cooperación de otros Estados por medio de operaciones como el Cóndor, abarcando ámbitos públicos y privados (COMISIÓN DE VERDAD Y JUSTICIA DEL PARAGUAY, 2008).

La participación del Estado paraguayo en una alianza continental anticomunista durante la guerra fría le permitió al régimen recibir apoyo de sus aliados para la estructuración del aparato represivo y para la implementación a nivel nacional de la Doctrina de la Seguridad Nacional, que se extendió desde los Estados Unidos de América como modelo hegemónico y creó conceptos como los de “enemigo interno”, “guerra sucia” y “guerra de baja o mediana intensidad”, que sirvieron como fundamento para una persecución continua y masiva de los sectores opositores al régimen stronista, que se autodenominó “democracia sin comunismo” (COMISIÓN DE VERDAD Y JUSTICIA DEL PARAGUAY, p 18, 2008).

El periodo dictatorial en Paraguay es uno de los mayores de la historia. La Comisión de Paraguay se propone a analizar las violaciones de derechos humanas ocurridas entre 1954 y 2003. Todos los departamentos del Estado fueron afectados por las violaciones de derechos humanos que cambiaran en formas normales del Estado actuar y operar. En este sentido, el proceso de reconstrucción democrática en este país es delicado y exige cambios profundos en su estructura estatal (COMISIÓN DE VERDAD Y JUSTICIA DEL PARAGUAY, 2008).         

Según el informe de la Comisión de Verdad y Justicia del Paraguay, la ciudad de Buenos Aires, capital de República de Argentina, representa una gran escala de casos de desaparecimiento forzado de paraguayos durante la década de los setenta. El 74,72% de las violaciones contra paraguayos en esa ciudad ocurrió durante 1976 a 1978, de las cuales 71 personas fueron desaparecidas, la gran mayoría como resultado de la Operación Cóndor (COMISIÓN DE VERDAD Y JUSTICIA DEL PARAGUAY, 2008).      

Figura I: Número de víctimas de violaciones de los derechos humanos en el Paraguay durante la dictadura de Alfrego Stroessner

 

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Fuente: Comisión de Verdad y Justicia del Paraguay, 2008

           

Ya en Uruguay, según el informe Investigación histórica sobre Detenidos Desaparecidos (2008), de Uruguay, el periodo dictatorial en este país se dio entre los años de 1973 hasta 1985. Fue una época marcada por la represión política y una política económica de carácter neoliberal con pretensiones de superar la crisis económica estructural que asolaba el país desde de los años cincuenta (PÉREZ, 2015).

La represión hizo que entre 300.000 y 500.000 uruguayos se exiliaron, que más de 60.000 fueran arrestados o detenidos. Entre 1.973 y 1.977 Uruguay tuvo el porcentaje más alto de prisioneros políticos en relación con su población del mundo. Hubo aproximadamente 6.000 prisioneros políticos de largo plazo, aproximadamente 200 uruguayos desaparecieron, la mayoría de ellos en la Argentina, pero también en Chile, Colombia, Bolivia y en el mismo Uruguay (PÉREZ, p. 18, 2015).

En Brasil, la Comisión Nacional de Verdad, (CNV), es una de las comisiones con el mayor escupo de América Latina.  La CNV trata de temas desde las violaciones de derechos humanos, hasta en funcionamiento del aparato burocrático del Estado y sus órganos represores como el DOI-COIDI, OBAN y la agencia de inteligencia vinculada al presidente y con extremo poder. La CNV aborda con profundidad los sistemas de cooperación internacional como la Operación Cóndor, las violaciones de derechos contra grupos o instituciones específicas como los campesinos, indígenas, iglesia cristiana, universitarios, entre otros (ROMERO, 2015).

La CNV revela cuatro modalidades esenciales de violaciones de derechos humanos más cometidas en el periodo dictatorial: siendo la primera la detención arbitraria o ilegal, la segunda la tortura sistemática tanto física (con utilización de diversos objetos de tortura), como psicológica y sexual. Fueron comprobados 1843 casos de víctimas de tortura aunque las estimativas sean muy mayores. La tercera serían las ejecuciones extrajudiciales por parte del Estado y la cuarta el desaparecimiento forzado y el ocultamiento de cadáver (ROMERO, 2015).

La CNV es un mecanismo muy importante de justicia y memoria en Brasil aunque la ley de amnistía aun sea considerada constitucional por parte del Tribunal de Justicia brasileño. El Brasil recibe hoy juzgamiento de diversos países por medio de cortes internacionales como la Corte Interamericana de los Derechos Humanos por no cumplir tratados internacionales de respecto a los derechos humanos y por tener una ley de amnistía con tantos retrocesos.  La CNV hice diversos pedidos de investidura a los criminosos, han sido hechos 377 acusaciones, de los cuales 196 de los acusados están vivos con una edad media de 82 años (ROMERO, 2015).

La situación frente a la justicia brasileña actualmente hace parte de un proceso lento para atender a las recomendaciones y exigencias de la Comisión, lo que es aún más grave porque hay comprobación de los factos de violaciones de derechos humanos, comprobación de su carácter generalizado y sistemático con caracterización de crímenes contra lesa humanidad. Las recomendaciones de la institución no dicen respecto solo a los crímenes involucrados con la dictadura y el proceso de verdad y memoria de Brasil. La CNV recomienda actitudes concretas para que el Estado brasileño no siga cometiendo violaciones de derechos humanos en otros aspectos; la Reforma del sistema de prisión en Brasil que tiene máxima cantidad de prisioneros y no promueve inserción del preso en la sociedad después que salió de la prisión (lo que genera un ciclo criminal vicioso por parte de este individuo que no es inserido en oportunidades). Otro punto es la desmilitarización de la policía militar en Brasil. Estas medidas son necesarias para que el país siga en un rumo prospero de una democracia estable y sustentable.

Bolivia, por su vez, es el único país miembro de la Operación Cóndor que creó hace poco tiempo su Comisión de Verdad que aún está en proceso de construcción de sus informes y posicionamientos pero que ya tiene resultados tangibles. Es muy importante pensar al largo del tiempo, pensar en las futuras generaciones y en el futuro de los países. Las Comisiones de Verdad son instituciones demasiado importantes porque no miran solo el pasado pero principalmente lo que aún está por venir y lo que podemos hacer para que no cometamos los mismos errores que la historia del continente latinoamericano nos muestra.

Referências

BRASIL. Comissão Nacional da Verdade. Conexões internacionais: a aliança repressiva no Cone Sul e a Operação Condor / Comissão Nacional da Verdade. Brasília: CNV, 2014. 1996 p.

DESARQUIVANDO O BRASIL. Comissões da verdade no mundo. Disponible en:<https://desarquivandobr.wordpress.com/2012/03/24/comissoes-da-verdade-no-mundo/ https://www.apt.ch/content/files_res/estudio2.pdf&gt;. Acceso em: 01 ago. 2018.

GENRO, Tarso; ABRÃO, Paulo. Memória Histórica, Justiça de Transição e Democracia sem fim. In: Repressão e Memória Política no Contexto Ibero-Brasileiro: estudos sobre Brasil, Guatemala, Moçambique, Peru e Portugal. Brasília: Ministério da Justiça, Comissão de Anistia; Portugal: Universidade de Coimbra, Centro de Estudos Sociais, 2010. Disponible en: <http://www.memoriasreveladas.arquivonacional.gov.br/media/Repre_Memoria_pdf > Acceso en: 02 feb. 2018.

PÉREZ, PABLO ALCÁNTARA. POLÍTICAS DE MEMORIA: COMISIONES DE LA VERDAD ¿POR QUÉ EN URUGUAY SÍ Y EN ESPAÑA NO? LAS LUCHAS CONTRA LA IMPUNIDAD DE LOS CRÍMENES DE LA DICTADURA.. UNIVERSIDAD AUTONOMA DE MADRID, MADRID, v. 1, n. 1, p. 1-92, set. 201.

ROMERO, Eneas. El informe final de la Comisión de Verdad de Brasil. Color ABC, Asunción, v. 1, n. 1, mar. 2015.

VERDAD EN EL MUNDO. Informe de paraguay conclusiones y recomendaciones. Disponible en: <http://www.dhnet.org.br/verdade/mundo/paraguai/informe_cv_paraguay_conclusiones_y_recomendaciones.pdf&gt;. Acceso en: 03 ago. 2018.